Con foco en reputación y narrativa, Javier Egochaga Laiz, secretario general de ASESFAM, describió una asimetría mediática: el juego público se asocia a fines sociales; el privado, a excesos. Propuso RSC verificable, pedagogía y transparencia, y situó la lucha contra el ilegal por encima de vetos publicitarios “que castigan a quien cumple”.
Egochaga cuestionó la eficacia de trasladar al juego mensajes disuasorios “tipo tabaco”, por la “asociación mental desproporcionada” que generan. Defendió que la prioridad debe ser proteger a los colectivos vulnerables combatiendo el mercado ilegal, no silenciando a los operadores que cumplen. En este sentido, alertó del riesgo de desplazar la demanda hacia plataformas sin control cuando se restringe de forma asimétrica a los operadores regulados.
El ponente repasó, además, varias disparidades: los 17 marcos autonómicos que ordenan el presencial frente al régimen estatal del online; las reservas para SELAE y ONCE; y obligaciones más intensas para el privado en registros, controles, límites a la publicidad y al patrocinio, distancias y cupos. Ese desequilibrio, sostuvo, dificulta la competencia leal y puede minar la eficacia de las políticas de protección.
Como hoja de ruta, propuso tres líneas de trabajo: una RSC medible —con herramientas de juego responsable, detección temprana, trazabilidad y control de acceso—; una comunicación basada en evidencia —menos eslóganes y más métricas comparables entre operadores públicos y privados—; y una coordinación regulatoria que reduzca asimetrías y priorice la persecución del ilegal. “Más allá de lo público o lo privado, el reto es proteger a los vulnerables sin demonizar el ocio”, concluyó.
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