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PRIMICIA
Rafael Carlos de Vega Irañeta explica el papel de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción deportiva en la V Jornada de Integridad

 
La Fiscalía Anticorrupción alerta en la V Jornada de Integridad sobre el blanqueo de capitales y la corrupción deportiva
La mesa “El papel de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción deportiva” de la V Jornada de Integridad de la Policía Nacional y LaLiga tuvo como ponente a Rafael Carlos de Vega Irañeta, teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y ex miembro de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Ante un auditorio formado por cuerpos policiales, operadores, ligas y reguladores, el fiscal analizó cómo ha evolucionado la respuesta penal frente a los amaños y al fraude vinculado a las apuestas, y qué rol juega hoy el Ministerio Fiscal en ese ecosistema.
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Presentado por los responsables policiales como un aliado imprescindible en las principales investigaciones sobre amaños y fraude en el deporte, De Vega recordó que el deporte ha sido “un gran olvidado” desde la óptica penal. Muchas conductas que tradicionalmente se abordaban solo desde el ámbito administrativo (violencia en los estadios, discursos de odio, corrupción deportiva o distintas formas de “trampas”) exigen hoy una respuesta penal clara, porque lo que está en juego es la integridad de la competición y la confianza de la ciudadanía.

El teniente fiscal hizo un recorrido histórico por los casos de manipulación deportiva, desde los primeros ejemplos documentados en la Antigüedad hasta los grandes escándalos contemporáneos en ligas europeas y norteamericanas. Subrayó que el fenómeno se agrava con la globalización de las apuestas: ya no se apuesta solo al resultado final, sino a prácticamente cualquier acontecimiento del partido, con pagos que en muchos casos se canalizan a través de criptomonedas y mercados no regulados, lo que complica el seguimiento del dinero y la obtención de pruebas.

De Vega detalló el marco normativo internacional y europeo que sostiene hoy la persecución de estos delitos. Citó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el Convenio de Macolin del Consejo de Europa, que España ha ratificado y que entra en vigor en 2025, como pilares para armonizar la respuesta frente a la corrupción deportiva. En el ámbito interno, recordó la importancia del artículo 286 bis del Código Penal, que tipifica la corrupción en los negocios en el deporte, así como el papel de la Ley del Deporte, la CONFAD y la plataforma SIGMA como herramientas de alerta temprana y análisis de patrones de apuestas.

Uno de los bloques centrales de su intervención estuvo dedicado a los retos probatorios. El fiscal explicó la dificultad de pasar de los indicios a las evidencias: demostrar que un error grosero de un portero o una decisión arbitral discutible responden a un pacto previo, acreditar quién recibió el dinero y en qué momento, o encajar jurídicamente los amaños que afectan a acciones concretas del encuentro y no solo al resultado final. También advirtió de la complejidad añadida que introducen las estructuras deportivas muy jerarquizadas y la tentación de “mirar hacia otro lado” cuando hay sospechas internas.

Rafael Carlos de Vega Irañeta reivindicó el papel central del Ministerio Fiscal como eje de la investigación penal en este ámbito. Recordó que las fiscalías especializadas (Anticorrupción, Audiencia Nacional, Coordinación Internacional) trabajan en estrecha conexión con las unidades policiales, utilizando órdenes europeas de investigación, equipos conjuntos y redes como MARX para compartir inteligencia sobre redes de amaños y blanqueo de capitales que operan en varios países a la vez.

En la parte final de su intervención, el teniente fiscal lanzó un mensaje directo a operadores de apuestas, ligas profesionales, reguladores y clubes presentes en la sala: sin información ágil, trazable y documentada desde el sector, resulta imposible convertir las sospechas en procedimientos penales sólidos. Por ello, animó a reforzar los canales de denuncia y colaboración ya existentes y a asumir que la protección de la integridad deportiva es una responsabilidad compartida que va mucho más allá del terreno de juego.
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