El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó de manera definitiva un proyecto que impedirá el ingreso a casinos, bingos y salas de juego a todas las personas que figuren como deudores alimentarios en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La iniciativa, impulsada por el diputado Marcos Di Cesare, quedó lista para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo provincial.
La nueva norma, compuesta por siete artículos, establece en su artículo 1° que quedará prohibido el acceso a todos los establecimientos de juego bonaerenses para quienes estén registrados como morosos en materia alimentaria. La ley se apoya en el marco regulatorio de la Ley 13.074, que regula el RDAM y establece obligaciones específicas para los concesionarios y administradores de salas.
Uno de los puntos centrales es el artículo 4°, que obliga a los titulares de casinos, bingos y salas de azar a consultar el registro antes de permitir el ingreso de cualquier persona. Si el nombre del visitante figura en el RDAM, deberán impedir su entrada de manera inmediata. Para garantizar su cumplimiento, el Ejecutivo deberá asegurar el acceso directo y actualizado a la información del registro.
La normativa contempla un esquema de sanciones para los establecimientos que no cumplan con el procedimiento, que va desde apercibimientos hasta multas equivalentes a entre 10 y 100 salarios mínimos, según la gravedad de la infracción o la reincidencia. Además, el Poder Ejecutivo será el encargado de determinar qué organismo actuará como autoridad de aplicación y fiscalización del sistema. La reglamentación deberá difundirse en los 90 días posteriores a la promulgación.
Una herramienta para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias
La iniciativa se inscribe en una tendencia que distintos distritos argentinos han adoptado en los últimos años para reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Medidas como la prohibición de acceso a trámites, licencias o espacios recreativos buscan generar consecuencias concretas para quienes mantienen deudas con sus hijos.
Desde el oficialismo provincial destacaron que la ley ofrece “una herramienta real para proteger a niños, niñas y adolescentes” y señalaron que la restricción al ingreso en el circuito de juego legal constituye un mecanismo eficaz de presión sobre los morosos.
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