El debate se centra en los contratos sobre eventos deportivos, su encaje regulatorio y el riesgo de crear un mercado paralelo al juego autorizado.
La expansión de los mercados predictivos aplicados a eventos deportivos vuelve a situarse en el centro del debate regulatorio en Estados Unidos. El foco está en los llamados sports event contracts, productos que permiten operar sobre el resultado de competiciones deportivas bajo la apariencia de “trading” o “inversión”, pero que para sus críticos funcionan, en la práctica, como apuestas deportivas.
La coalición Gambling Is Not Investing ha remitido una carta a la senadora Marsha Blackburn, presidenta del Subcomité de Comercio del Senado sobre Protección del Consumidor, Tecnología y Privacidad de Datos, antes de una audiencia sobre apuestas deportivas e integridad del juego.
Según la coalición, estas plataformas estarían ampliando el acceso a las apuestas deportivas sin someterse a las mismas garantías exigidas a los operadores autorizados, como controles de edad, medidas de juego responsable, supervisión regulatoria y mecanismos de protección al consumidor.
Uno de los puntos más sensibles es la edad de acceso. La organización advierte de que estos productos podrían rebajar en la práctica el umbral de entrada de 21 a 18 años en algunas jurisdicciones, permitiendo a jóvenes que no pueden apostar legalmente con operadores regulados participar en contratos vinculados a los mismos eventos deportivos.
El caso plantea una cuestión clave para el sector del juego online: si los contratos sobre eventos deportivos deben considerarse instrumentos financieros, productos de predicción o apuestas deportivas sujetas a regulación específica.
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