Latinoamérica sigue entrañando riesgos en jurisdicciones distintas a Brasil. Para muchos, persiste la incertidumbre política y jurídica. Estoy seguro de que todos tienen presentes los riesgos de mercado, regulatorios y fiscales que deben evaluarse antes de decidir entrar en un mercado —por muy atractivo que parezca—, y aun así, siempre pueden surgir riesgos ocultos e imprevistos. Los gobiernos deben abordar con gran seriedad la regulación de cualquier sector, especialmente el del juego, ya que factores clave como la estabilidad, una oferta competitiva y viable, y la seguridad jurídica son fundamentales para que tanto los emprendedores como las administraciones alcancen sus objetivos. Las autoridades deben reconocer que el juego forma parte de la naturaleza humana y que seguirá existiendo independientemente de si se regula o no —una realidad que perdura desde hace más de un siglo—; por ello, lo ideal es establecer una normativa adecuada y atractiva, pues, de lo contrario, los jugadores simplemente buscarán la oferta que mejor se adapte a sus preferencias. Si no comprenden esto y actúan en consecuencia, el consumidor se dirigirá allí donde encuentre la opción que mejor satisfaga sus necesidades. Por otra parte, el mercado negro en Brasil sigue generando ingresos de billones de dólares —incluyendo la oferta extraterritorial latente, o *Jogo do Bicho*, las apuestas online con cripto y las máquinas de juego ilegales—, lo que implica la existencia de una fuerte oferta en la sombra lista para absorber la demanda. Además, en un país con los problemas de corrupción que aquejan a Brasil, criminalizar la oferta no logra nada más allá de una puesta en escena política y detenciones inútiles — todo pura retórica populista — que apenas sirven para frenar la evasión sistémica característica del sector del juego brasileño desde la década de los 50 Lo que sí es seguro es que, tras la prohibición, más personas sufrirán las consecuencias negativas del juego que antes, mientras que el Estado verá mermado de unos importantes recursos económicos.. Brasil ha sufrido durante décadas inestabilidad política y bloqueos legislativos, especialmente cuando presidentes de izquierda o populistas, como Lula da Silva, se enfrentan a un Congreso de tendencia conservadora o de derecha. En 1988, el país adoptó una solución constitucional que los presidentes emitieran "Medidas Provisionales": decretos ejecutivos que adquieren fuerza de ley de inmediato, pero que deben ser ratificados o modificados por el Congreso que tiene un plazo de dos periodos de 60 días cada uno, para mantener su validez de la Medida Provisional, que mientras tanto sigue en vigor. El Ejecutivo gobierna mientras el Legislativo conserva su función de supervisión; pero probablemente no se concibió para que los presidentes pudieran destruir sectores enteros por puro capricho, ni siquiera cuando estos son calificados como una “enfermedad” por la misma persona que promulgó el actual marco legislativo. El rival político de Lula da Silva, ya ha criticado duramente la prohibición, calificándola de populista, hipócrita y motivada por intereses políticos; no obstante, el presidente en ejercicio tiene la facultad de aplicar la medida provisoria de manera inmediata, aunque quede sujeta a un la confirmación por el legislativo para lo que dispone de los mencionados s60+60 días parasu aprobación definitiva. Otra cosa es que puede suceder con ese periodo, porque normalmente el legislativo suele extender los plazos de manera habitual y teniendo en cuenta la composición de la cámara de representantes queda en el aire el resultado final de la confirmación de la Medida Provisional en vigor.