Un reciente reportaje de investigación de la cadena chilena TVN, titulado "El descaro de los ilegales", ha puesto de relieve la alarmante proliferación de casinos clandestinos en el barrio Franklin de Santiago. El informe detalla cómo estos establecimientos operan sin licencia ni regulación, desafiando abiertamente el marco legal vigente.
Manuel Zárate Campos, jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), ha sido enfático al señalar que cualquier establecimiento que opere máquinas electrónicas de azar fuera del marco regulatorio es ilegal. Zárate afirma que la SCJ ha recibido consultas de más de cien municipios por un total de 4.700 máquinas. Sin embargo, solo se han proporcionado antecedentes suficientes para analizar 1.700 de ellas, y de estas, solo el 13% han sido clasificadas como juegos de habilidad y destreza, lo que significa que el 87% restante son ilegales.
La proliferación de estos casinos clandestinos representa un grave problema para las autoridades y la comunidad en general. Estos establecimientos no solo operan al margen de la ley, sino que también generan preocupaciones en torno a la seguridad pública, la ludopatía y la evasión fiscal.
La SCJ ha hecho un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de actividades ilegales. La entidad ha habilitado canales para recibir denuncias a través de su sitio web y redes sociales. Además, se ha coordinado con las autoridades locales para intensificar las fiscalizaciones y tomar las medidas correspondientes para combatir esta problemática.
Es importante recordar que solo los casinos autorizados por la SCJ cumplen con los estándares de seguridad y probidad necesarios para ofrecer una experiencia de juego responsable y legal. Los ciudadanos deben evitar frecuentar establecimientos clandestinos, ya que estos no solo son ilegales, sino que también ponen en riesgo su seguridad y bienestar.
La lucha contra los casinos clandestinos requiere un esfuerzo conjunto por parte de las autoridades, la comunidad y los operadores de juegos legalmente establecidos. Solo mediante la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados se podrá erradicar esta actividad ilegal y proteger a los ciudadanos de sus riesgos asociados.
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