La New York State Gaming Commission ha otorgado a Bally's Corporation una Gaming Facility License para la entidad que desarrollará el proyecto Bally's Bronx, un paso clave que despeja el camino para el resort integrado valorado en 4.000 millones de dólares previsto en Bally's Golf Links at Ferry Point (Bronx).
En el comunicado, la compañía agradece a la Comisión “la confianza” depositada y asegura que el proyecto busca llevar “la próxima generación de juego y entretenimiento integrado” al distrito. El presidente de Bally’s, Soo Kim, afirmó que el grupo ha trabajado con líderes comunitarios, sindicatos y actores locales para construir una propuesta con empleo, impacto económico y un destino de ocio “de primer nivel” para el Bronx.
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Por su parte, Chris Jewett (SVP Corporate Development) subrayó que la aprobación de la licencia es un hito y que el foco inmediato pasa por acelerar los trabajos previos y avanzar hacia la fase de obras. Bally’s cifra en más de 765 millones de dólares los beneficios comunitarios asociados al plan, además de “miles de empleos” y otras iniciativas de desarrollo económico.
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Un proceso competitivo y tres licencias para Nueva York
La decisión se enmarca en el cierre del proceso para adjudicar tres licencias de casino a gran escala en la ciudad, que también han recaído en proyectos de Queens (Metropolitan Park, junto a Citi Field) y la ampliación de Resorts World (Aqueduct, cerca del JFK).
Algunas informaciones locales señalan además que Bally’s y Resorts World habrían recibido licencias de 15 años (y Metropolitan Park una de 20 años, según el compromiso financiero total).
Según Bally’s, el complejo contempla un casino resort con:
- Una sala de juego con más de 4.000 posiciones.
- Hotel de 500 habitaciones.
- Centro de eventos con 2.000 asientos.
- Espacios de reuniones, restauración y oferta de entretenimiento.
La web del proyecto también ha indicado que, además del itinerario regulatorio, el plan contempla trámites adicionales vinculados al uso de parte del terreno (parkland alienation) que requerirían aprobación legislativa estatal y firma de la gobernadora.
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