El director general de Cejuego afirma que el Informe de Adicciones Comportamentales infla la percepción del problema, protege a SELAE y la ONCE y omite datos que desmontarían algunos de los principales estigmas contra el juego privado.
El Consejo Empresarial del Sector del Juego (Cejuego), a través de su director general, Alejandro Landaluce, ha elevado el tono de sus críticas contra el Informe de Adicciones Comportamentales y contra la actuación de la Administración en la forma de presentar los datos del juego en España. La patronal, que agrupa al 70% del juego privado, sostiene que el Gobierno está tergiversando los informes para estigmatizar al sector privado y alimentar una alarma social que, a su juicio, no se corresponde con la realidad del mercado ni con la prevalencia real del trastorno del juego.
La controversia se produce después de que Cejuego analizara el informe impulsado por el Ministerio de Sanidad y denunciara que el documento ha ido perdiendo rigor académico y científico hasta convertirse, en palabras recogidas en el contexto de esta polémica, en una especie de “CIS particular” sobre las adicciones sin sustancia. Desde la asociación se insiste en que no se puede jugar con cifras vinculadas a salud pública para sostener un relato político dirigido únicamente contra el juego privado, mientras se protege en paralelo a los juegos públicos y semipúblicos.
Uno de los puntos más duros planteados por Alejandro Landaluce se refiere a la incoherencia matemática que detectan en la propia construcción de las cifras. En la carta remitida por el sector se subraya que, aplicando los porcentajes del último informe, el número de personas con trastorno de juego que han jugado en el último año, cifrado en 227.305, supera al total de la población “universo” con ese problema, que se sitúa en 130.000 personas. Preguntado por esta contradicción, Landaluce asegura que no han recibido ninguna explicación técnica por parte de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. “No hemos obtenido respuesta por su parte. Queremos creer que se trata de un error”, señala.
El director general de Cejuego también pone el foco en la utilización de la categoría agregada “DSM-5 ?1”, una formulación que, según denuncia la patronal, mezcla en un mismo bloque a personas con un único criterio de riesgo con aquellas que podrían presentar un trastorno clínico diagnosticable. A juicio del sector, esta forma de agrupar los datos infla de manera artificial la percepción social del problema del juego en España. Landaluce cuantifica ese efecto en unas 325.000 personas, al explicar que se pasa del 0,4% al 1,4% de la población entre 15 y 64 años existente en España, calculada en 32,5 millones de personas. Para Cejuego, este salto altera completamente la lectura pública del fenómeno y permite presentar como problema estructural una realidad que, en términos comparados, se encuentra entre las más bajas de Europa.
La patronal considera además que desde la entrada en acción del Ministerio de Consumo en la elaboración de estos informes se han acumulado indicios metodológicos de un sesgo evidente a favor de los juegos públicos y semipúblicos. Landaluce sostiene que son “muchas las pruebas” y cita entre ellas la eliminación de las figuras 19 y 20, que reflejaban la prevalencia de juego según tipología de juego entre las personas con posible juego problemático y/o trastorno del juego. También denuncia la creación de una clasificación en grupos I, II y III, construida principalmente en función del intervalo de juego, que califica como un “invento” de la DGOJ.
En ese marco, Cejuego cuestiona especialmente la inclusión de las loterías instantáneas de la ONCE en el subgrupo II junto al bingo. Para Landaluce, esta decisión evidencia una contradicción de base en la propia clasificación oficial, ya que se trata de productos instantáneos a los que, sin embargo, se agrupa como si no lo fueran. “Se llaman loterías instantáneas y las agrupan como no instantáneas”, resume, en una de las críticas más directas contra la arquitectura metodológica del informe. La asociación entiende que este diseño no es neutral y que busca proteger en el relato y en las conclusiones posteriores a los juegos públicos de SELAE y de la ONCE.
Otro de los puntos que más irrita al sector es la desaparición en el informe de los gráficos que mostraban a qué juegan realmente las personas con problemas. Cejuego reclama una justificación científica para la supresión de esas figuras y considera que su retirada no es casual. Preguntado por si cree que esos datos se han suprimido porque demostraban que los jugadores con problemas utilizan mayoritariamente juegos públicos y semipúblicos de forma prioritaria, Landaluce responde con rotundidad: “Claramente, ya que desmonta uno de sus principales estigmas en contra del sector del juego privado”.
Ese argumento conecta directamente con la denuncia de fondo que viene sosteniendo la patronal desde hace años. Según el sector, el relato político construido desde la etapa de Alberto Garzón y continuado en la actualidad parte de la idea de que las cifras del juego están disparadas y de que la responsabilidad recae sobre el juego privado. En ese contexto, Cejuego sostiene que determinadas decisiones técnicas en la elaboración de la encuesta y en la forma de presentar los resultados buscan hacer coincidir el dato con el relato.
La asociación insiste en que esta “cocina” de los datos no solo es metodológicamente inaceptable, sino también especialmente grave al tratarse de un documento que sirve de inspiración para diseñar leyes, impulsar iniciativas parlamentarias, promover noticias y orientar la acción pública en materia de adicciones. Desde esa óptica, Cejuego reclama que el Gobierno “no juegue con las cifras, especialmente cuando se refiere a temas de salud pública”, y denuncia que se está dando una imagen desenfocada de la realidad para ganar el relato, defender al juego público y señalar exclusivamente al privado.
Sobre el agravio comparativo entre el bingo y los rascas, la posición de Cejuego vuelve a apoyarse en esa misma crítica metodológica. La asociación considera incoherente que el bingo, un juego de respuesta lenta, quede situado en el mismo grupo de riesgo que las loterías instantáneas de la ONCE. Aunque en el material facilitado no aparece una respuesta literal desarrollada a esta pregunta, sí queda clara la tesis de la patronal: la clasificación creada por la DGOJ desdibuja la naturaleza real de los productos y termina beneficiando en el relato a los juegos públicos y semipúblicos, especialmente a las loterías instantáneas.
Landaluce subraya además que la eliminación de tablas y figuras y el rediseño de preguntas del cuestionario apuntan a una intervención directa del Ministerio de Consumo en la construcción del estudio. En el contexto que acompaña a esta entrevista, el sector denuncia que Consumo “se ha entrometido en la realización del estudio, pidiendo quitar tablas que mostrasen datos que no convenían al juego público o pidiendo cambiar preguntas del cuestionario para ganar el relato”. La patronal también vincula este proceso a la coincidencia política entre los Ministerios de Sanidad y Consumo, al entender que ambos buscan crear alarmas sociales para abanderar problemas que, a su juicio, no existen con la gravedad que se presenta.
Cejuego asegura haber trasladado en numerosas ocasiones sus observaciones a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, pero denuncia que ni la delegada, Xisca Sureda, ni su equipo han respondido a sus peticiones. Para la asociación, esa falta de respuesta alimenta la sospecha de que no se trata solo de errores técnicos, sino de una forma consciente de orientar el informe contra el juego privado.
En definitiva, Alejandro Landaluce reclama que los informes públicos pagados con dinero de todos y llamados a servir de base para saber dónde deben ponerse los esfuerzos reales para frenar las adicciones en España no estén al albur de la ideología. La patronal insiste en que maquillar la realidad no la cambia y que presentar de forma sesgada la incidencia del juego problemático, ocultando además el peso que puedan tener los juegos públicos y semipúblicos en determinados perfiles, solo contribuye a estigmatizar de forma injusta a un sector privado que se siente señalado desde hace años por el Gobierno.
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