La justicia europea dictamina que los operadores de apuestas y slot sin permiso nacional deben restituir las pérdidas, salvo que existieran garantías oficiales de tolerancia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de las conclusiones de su Abogado General en relación con el asunto C-530/24, ha analizado la situación que afecta directamente al gigante de las apuestas Tipico. El litigio nace de la demanda de un usuario alemán que reclama la devolución de las cantidades apostadas y perdidas en el sitio web de la compañía entre 2013 y 2020. Durante ese intervalo, la empresa operaba amparada por una licencia de Malta pero carecía de la autorización específica exigida por la normativa de Alemania, lo que, según el Derecho civil germano, implica la nulidad de los contratos y la obligación de devolver los fondos a los consumidores afectados.
La opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea refuerza la capacidad de los Estados miembros para exigir una licencia nacional en el sector de los juegos de azar, incluyendo el segmento de la slot y las apuestas deportivas. Se sostiene que los tribunales nacionales tienen la potestad de aplicar consecuencias civiles severas, como la nulidad contractual, para castigar a quienes actúen sin el permiso pertinente. Esta medida se considera una herramienta proporcionada y necesaria para proteger al consumidor y disuadir a las empresas de eludir los sistemas de control locales, sin que las posibles deficiencias administrativas del Estado justifiquen que un operador comience a ofrecer servicios por su cuenta.
No obstante, las conclusiones introducen una excepción fundamental basada en la seguridad jurídica y las garantías institucionales. Si Tipico recibió comunicaciones precisas y fiables por parte de las autoridades alemanas asegurándole que no se le exigiría la licencia mientras se reformaba el sistema, el operador no debería ser castigado con la devolución de las apuestas. En este supuesto específico, la responsabilidad por cualquier perjuicio causado a los consumidores recaería sobre las propias autoridades públicas que ofrecieron tales garantías, una cuestión que ahora deberá dirimir el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal alemán.
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