Luxemburgo reconoce que el traslado de pagos hace años y las barreras legislativas maltesas justifican orden europea de retención de cuentas contra el operador de juegos online, Mr. Green.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que los órganos jurisdiccionales pueden tener en cuenta las actuaciones que el deudor realizó varios años atrás, así como la existencia de leyes nacionales que obstaculicen la ejecución de deudas, a la hora de determinar la urgencia de una orden europea de retención de cuentas. La sentencia en el asunto C-198/24 resuelve un conflicto entre un jugador austriaco y Mr Green, operador maltés de juegos de azar en línea.
El origen del litigio se remonta a finales de 2021, cuando los tribunales austriacos condenaron a Mr Green a reembolsar las apuestas perdidas por un jugador residente en Austria. La empresa operaba sin licencia austriaca, lo que hizo que el contrato de juego fuera considerado nulo de pleno derecho. Al no ejecutarse voluntariamente el reembolso, el jugador presentó en 2024 ante los tribunales austriacos una solicitud de orden europea de retención de cuentas dirigida contra las cuentas bancarias de Mr Green localizadas en Irlanda,
El jugador arguye que existe riesgo fundado de que Mr Green actúe para ocultar sus activos. En concreto, señala que, tras ser condenada en 2021, la empresa resolvió su relación comercial con su proveedor de servicios de pago austriaco. Esta conducta, según el demandante, evidencia un patrón de transferencia de activos destinado a evadir el pago de sus obligaciones transfiriendo fondos hacia Malta.
Adicionalmente, el jugador invoca un obstáculo legislativo: desde junio de 2023, una ley maltesa prohíbe la ejecución de resoluciones extranjeras adoptadas contra operadores de juegos de azar que posean licencia maltesa. Esta barrera legal refuerza el riesgo de insolvencia o de ocultación de fondos, según la tesis presentada ante el tribunal austriaco.
El Tribunal Regional de lo Civil de Viena, al dudar sobre si era lícito tener en cuenta estas circunstancias para apreciar los requisitos de la orden europea de retención de cuentas, formuló una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Este ha respondido con claridad: el órgano jurisdiccional competente puede realizar una valoración integral de todas las circunstancias invocadas para verificar si existe un riesgo real de que la ejecución del crédito se vea impedida o considerablemente dificultada.
Específicamente, el Tribunal determina que dos elementos pueden considerarse:
- En primer lugar, la conducta histórica del deudor remontable a varios años atrás. La empresa maltesa no puede escudarse en que sus actuaciones para trasladar activos ocurrieron en 2021, años antes de la solicitud presentada en 2024. La antigüedad de la conducta no invalida su relevancia a efectos de evaluar el riesgo real.
- En segundo lugar, la existencia de una ley nacional que obstaculice la ejecución. La normativa maltesa que prohíbe ejecutar sentencias extranjeras contra operadores con licencia puede constituir un factor a considerar cuando se determina la urgencia de adoptar una orden de retención. Esta barrera legislativa refuerza el fundamento del riesgo alegado por el acreedor.
La sentencia tiene alcance significativo para los operadores de juegos en línea. Establece que el incumplimiento histórico de obligaciones y los cambios en la estructura de pagos para evitar acreedores pueden ser considerados como indicios de riesgo de insolvencia. Asimismo, reconoce que las restricciones legislativas nacionales al cobro de deudas forman parte del análisis de urgencia.
El Tribunal de Justicia recuerda que no le compete resolver el litigio nacional, siendo los tribunales austriacos quienes deberán resolver el caso de conformidad con esta interpretación del Derecho de la Unión. Sin embargo, la sentencia vincula a todos los órganos jurisdiccionales nacionales que enfrenten una problemática similar en materia de órdenes europeas de retención de cuentas.
Esta decisión se enmarca en el mecanismo de remisión prejudicial que permite a los tribunales nacionales interrogar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del Derecho de la Unión o la validez de actos de la Unión. La respuesta obtenida proporciona un estándar jurisprudencial de aplicación general en toda la Unión Europea para casos análogos.
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