El sector del juego online y las apuestas deportivas en Perú da un paso decisivo hacia el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el pasado 14 de octubre la Resolución N° 03622-2025, mediante la cual aprueba la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT). Esta normativa será de aplicación obligatoria para todas las personas jurídicas que operan plataformas de juego o apuestas a distancia bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
La nueva norma, que marca un hito regulatorio para el mercado peruano, obliga a los operadores a implementar un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), incorporando estándares internacionales de cumplimiento, control interno y reporte de operaciones sospechosas.
La regulación es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y alcanza tanto a las personas jurídicas constituidas en Perú como a las sucursales de empresas extranjeras con autorización vigente para operar juegos o apuestas online. El MINCETUR, a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT), será la autoridad encargada de verificar el cumplimiento de la norma y de imponer sanciones en caso de incumplimiento.
La Resolución establece que todos los operadores deberán diseñar, implementar y mantener un SPLAFT robusto, que contemple al menos políticas y procedimientos de gestión de riesgos LA/FT, la designación de un oficial de cumplimiento como enlace con la UIF-Perú, políticas de debida diligencia para clientes, beneficiarios finales, directores, empleados y proveedores, capacitaciones anuales, elaboración de un manual interno y código de conducta, auditorías internas y externas, y el mantenimiento de un registro de operaciones (RO) y reporte inmediato de operaciones sospechosas (ROS). También deberán presentar un Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC) ante las autoridades competentes.
La norma refuerza la obligación de identificar y monitorear a los clientes y beneficiarios finales desde el inicio y durante toda la relación comercial, aplicando un enfoque basado en riesgos. El proceso incluye tres etapas —identificación, verificación y monitoreo— y contempla un régimen reforzado para perfiles de mayor riesgo, como no residentes, Personas Expuestas Políticamente (PEP) o personas vinculadas a investigaciones por lavado de activos.
Asimismo, las empresas deberán aplicar políticas de conocimiento tanto a directores y trabajadores como a proveedores, exigiendo declaraciones juradas, verificaciones en listas de prevención y actualizaciones periódicas de la información. Este enfoque integral busca cerrar las brechas de riesgo y garantizar la trazabilidad de las operaciones vinculadas a la industria del juego online.
Otro punto clave es la obligación de llevar un Registro de Operaciones (RO) con todas las transacciones individuales que igualen o superen los US$ 2,500, incluyendo depósitos, retiros, apuestas y premios. Cuando se detecten operaciones inusuales o sospechosas, estas deberán ser reportadas a la UIF-Perú en un plazo máximo de 24 horas, sin importar el monto involucrado. El reporte se realizará a través del sistema ROSEL, garantizando la confidencialidad del oficial de cumplimiento y del operador.
La resolución exige además que todas las empresas cuenten con un manual interno y un código de conducta, donde se detallen los procedimientos de debida diligencia, gestión de riesgos, detección de operaciones sospechosas y régimen disciplinario en caso de incumplimiento. En el caso de grupos económicos, deberán implementarse políticas corporativas homogéneas que incluyan criterios de contratación, intercambio de información, programas de capacitación comunes y mecanismos de control a nivel consolidado.
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