Según publica el diario local Última Hora, un vecino de Maó identificado como S.D.S. ha denunciado lo que considera una tasa desproporcionada por parte de la administración balear para tramitar su baja del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.
En noviembre de 2025, el denunciante solicitó formalmente su salida del registro, momento en el que se le notificó que debía abonar 234,75 euros para completar el proceso. S.D.S. sostiene que esta cantidad es inalcanzable para muchas familias y convierte un sistema de protección en una "trampa" que deja atrapadas a las personas vulnerables por motivos puramente económicos.
«La tasa es un abuso total», afirma el afectado en declaraciones recogidas por Última Hora. A su juicio, la cifra no se corresponde con la complejidad del trámite, que consiste básicamente en la actualización de datos y la revisión de una solicitud.
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